Estafa de incapacidades mentales de un grupo de profesionales a bancos y fondos de pensión

Eduardo Bonces | Publicado el 09 de abril de 2018

En Valledupar, Cesar, las autoridades capturaron a 10 profesionales por supuestamente usar documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental.

Según el ente acusador, una sola persona ha defraudado a la administración en 233 millones de pesos (69.170 €), “con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90 mil millones de pesos (26.718.029,69 €), solo en Valledupar (Cesar)”.

Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

El grupo de estafadores estaba conformado por dos abogados, cuatro médicos, una persona que era médica y abogada, una sicóloga y dos intermediarios, que “ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y fondos privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades”.

El ente acusador sostiene que a través de este sistema, los presuntos estafadores lograron pensionar cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias, “además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema”.

Así mismo, la Fiscalía asegura que la defraudación se extendía al sistema bancario, pues “uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos. Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos”.

Los capturados son:

– Teresa De Jesús De La Hoz Solano, médico.

– Eduardo Urbano Marrugo Castrellón, médico, integrante de la junta.

– Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la junta.

– Manuel De Jesús Altamar Colón, médico psiquiatra.

– Gilmar Silvero Linero, médico y abogado.

– Emili Said Baines Ferrer, abogado.

– Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la junta.

– Yamile De Jesús Pérez Domínguez, psicóloga, integrante de la junta.

– José Miguel Meléndez Vega, intermediario.

– Gian Carlos Miranda Isaza, intermediario.

http://www.elcolombiano.com/colombia/defraudadores-de-colpensiones-son-capturados-YA8516980

http://periodicolaultima.com/2018/04/09/fraude-en-valledupar-se-hacian-pasar-por-dementes-para-cobrar-pension/

En Valledupar se hacían pasar por ´locos´ para el cobro de altas pensiones

Empleados y trabajadores de las empresas carboneras como Derummond, Prodeco y El Cerrejón en complicidad con médicos y abogados de la ciudad de Valledupar, defraudaron a Colpensjones y Fondos Privados en más de 100 mil millones de pesos mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación.

´El procedimiento era sencillo: declarar locos y locas a las personas. Bajo esa condición accedían con documentación fraudulenta a tramitar millonarias pensiones que dejaron un enorme hueco. Hoy esos médicos y abogados que trasgredieron la ley están a buen recaudo de las autoridades´, dijo ayer en conferencia de prensa el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

En desarrollo de la operación 10 profesionales fueron capturados en Valledupar por usar documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que en el marco de la Operación Frenocomio, adelantada en la Costa Atlántica para atacar el fraude al sistema pensional, fueron capturadas 10 personas identificadas como responsables de atentar nuevamente contra la estabilidad de estos Fondos.

Se logró identificar un grupo de 2 abogados, 4 médicos, otra persona con estas dos profesiones, 1 sicóloga y 2 intermediarios, que ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.

Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.

La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar).

HURTO A LOS BANCOS

El objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.

Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.

LOS CAPTURADOS

Los operativos comenzaron a las 4 de la mañana de este lunes, y arrojaron como resultado la captura de 4 integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar y otras 6 personas:

Los acusados quienes tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación pertenecerían a las empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón, fueron identificados como: Teresa de Jesús De la Hoz Solano, médico; Eduardo Urbano MarrugoCastrellón, médico, integrante de la Junta; Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la Junta; Manuel de Jesús Altamar Colón, médico siquiatra; GilmarSilvero Linero, médico y abogado; Emili Said Baines Ferrer, abogado; Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la Junta; Yamile de Jesús Pérez Domínguez, psicóloga, integrante de la junta; José Miguel Meléndez Vega y Gian Carlos Miranda Isaza, intermediarios. El día de hoy serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá sus situaciones judiciales.

Por estos hechos punibles, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo al respecto que “esta es una modalidad inédita, mecanismo que ha surgido en una región de país, mediante la declaratoria de locura o demencia de los trabajadores se les consigues pensiones de invalidez, con esquemas defraudatorios con seguros de crédito por miles de millones de pesos”.

Agregó además que “a los clientes se les consiga un crédito en un banco por 500, 600 u 800 millones de pesos, y obtienen un seguro de crédito en el cual se amparan frente a riesgo por invalidez, con lo cual no solamente obtienen las mesadas pensiónales sino paralelamente se les decrete el beneficio del seguro y no tenga que pagarle la deuda a los bancos. Esto es una maraña defraudadora, que empieza adquirir características delirantes”, aseveró el Fiscal General de la Nación.

El ente acusador indicó que a los procesados ofrecían adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados con certificación de invalidez por enfermedad común y la mayoría por problemas mentales, tras reunir documentación falsa, que demostraba las supuestas patologías. Esta situación llevó a pensionar cerca de 400 personas, además de este número hay 150 personas que estarían esperando obtener dicho beneficio.

DELITOS A IMPUTAR

Estos profesionales serán puestos a disposición de jueces de control de garantías en las ciudades de Valledupar, Barranquilla y Riohacha, para que respondan por los delitos de: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias,peculado por apropiación.

LAS EMPRESAS

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las siguientes empresas carboneras: Drummond, Prodeco y Cerrejón

También se adelantaron 17 allanamientos a oficinas, establecimientos comerciales y viviendas en Valledupar, Barranquilla y Riohacha, con el objetivo de lograr las capturas y obtener evidencia para la investigación.

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/79004

A la cárcel 8 de los 10 implicados en el ‘cartel de las pensiones’
Publicado por: adminon: abril 15, 2018En: Judicial

A prisión serán enviados ocho de las 10 personas acusadas de pertenecer al ‘carrusel de las pensiones’ en la tarde de ayer, luego de que así lo decidiera el Juzgado Primero Penal Ambulante con Funciones de Control de Garantías, quien también dictó una medida de detención domiciliara a una de los implicadas.

Dichos sindicados fueron Carlos Arturo Montero Araujo, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, Teresa de la Hoz Solano, Gilmar Silguero Linero, Emil Said Baines Ferrer, José Miguel Meléndez Vega y Jean Carlos Miranda Isaza, quienes serán recluidos en la cárcel judicial de Valledupar por decisión de la justicia, mientras que la psicóloga Yamile Pérez Domínguez, integrante de la Junta de Calificación Regional Cesar, quien el pasado miércoles aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, contará con el beneficio de la ‘casa por cárcel’, ya que así lo solicitó la Fiscalía 12 Seccional de delitos contra la administración pública durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Todo ello al considerar que representan un peligro para la sociedad, y que si se determina de otro modo, no se garantiza que cesen sus presuntas actividades criminales.

“La naturaleza de los delitos es el tamaño causado a la sociedad, a la población que es sujeto pasivo de esos bienes jurídicos que se enajenaron para hacerlos. Aun sabiendo que tenían cosas que no correspondían a la realidad, se exponían para luego resumirse en actos administrativos reconociendo pensiones o que luego, una autoridad judicial lo ordenara. En medio de la revelación del material probatorio, se dejó ver una situación de vocación en el tiempo de un grupo de personas que se asociaron para cometer delitos, y lo cierto es que era un grupo tan organizado que tenían como función defraudar el sistema pensional, financiero y asegurador”, dijo el juzgado durante la diligencia celebrada ayer.

LAS ACUSACIONES

Según lo relatado por la Fiscalía General de la Nación, los ya mencionados perpetraron una multimillonaria defraudación al sistema pensional colombiano, estimado en una cifra cercana a los 100 mil millones de pesos del que fueron victimas fondos de pensiones como Colpensiones, Porvenir, Suramericana de Seguros y otros entes de tipo privado mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación.

De ello desprendió que la psicóloga Yamile Pérez, el abogado Mariano de Jesús Amaris y el galeno Carlos Arturo Montero, integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar, fueran acusados de ser los autores materiales del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, basado en la teoría de que presuntamente recibían dinero de manera constante y permanente entre 2016 y 2018 en Valledupar.

Al médico Eduardo Urbano Marrugo Castellón, también integrante de la junta y al intermediario Jean Carlos Miranda Isaza, les realizó cargos en calidad dolosa de autor e interviniente respectivamente, por las transgresiones de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir, estafa agravada y fraude procesal en concurso de conductas punibles.

A su vez, la médico Teresa de La Hoz Solano fue inculpada por los últimos delitos mencionados, a excepción del de concierto para delinquir. Mientras que al médico y abogado Gilmar Silguero, lo acusaron de realizar cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y estafa agravada.

Respecto al jurista Emil Said Baines, la Fiscalía le imputó cargos como responsable a título de dolo de concierto para delinquir en concurso con fraude procesal y estafa agravada, al igual que al intermediario José Miguel Meléndez y al médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar, quienes fueron sindicados por los mismos delitos.

A este último no se le ha efectuado audiencia de medida de aseguramiento debido a que por problemas de salud permanece internado en un centro asistencial de la ciudad.

Aunque el pasado miércoles Pérez Domínguez se allanó a los cargos y el día después le siguieron otros siete implicados, hasta este momento Pérez Mariano de Jesús Amaris y Manuel de Jesús Altamar se sostienen en su presunción de inocencia por lo que en próximos meses deberán enfrentarse en juicio oral a la justicia para probarlo, mientras que los demás serán condenados según como lo estime un juez con funciones de conocimiento de esta ciudad según la sumatoria de los punibles de cada caso y teniendo en cuenta los beneficios que les otorga el haberse allanado a cargos durante las audiencias concentradas.

MODUS OPERANDI

De acuerdo la Fiscalía los profesionales usaban documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental.

“El procedimiento era sencillo: declarar locos y locas a las personas. Bajo esa condición accedían con documentación fraudulenta a tramitar millonarias pensiones que dejaron un enorme hueco. Hoy esos médicos y abogados que trasgredieron la ley están a buen recaudo de las autoridades”, dijo.

Supuestamente ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Esta situación llevó a pensionar sólo en Valledupar, a cerca de 400 personas sumadas a otras aproximadas 150 personas que estarían esperando obtener dicho beneficio.

“Los dictámenes de incapacidad fueron la base, el soporte y el estandarte para que se engañara no solo al sistema pensional y de toda la seguridad del país, sino para que la empresa privada fuera impactada y tuviera un alcance negativo en ese sentido, porque la modalidad de esta estructura delictiva consistía en sugerirle a la persona que tenía aspiraciones de ser pensionado, que fuera previamente a los bancos y se endeudara hasta el tope; ahí participaba el sector asegurador porque los bancos prestan pero las empresas tienen que asegurar esos créditos por los riesgos que corre el usuario o quien lo presta, y cuando se pensionaban (irregularmente) iban al sector financiero y le decían que tenían que cancelar la obligación porque estaban impedidos y supuestamente habían perdido la capacidad laboral, ya no tenían como pagar, y esto terminaba siendo asumido por las aseguradoras”, aseguró el fiscal durante la audiencia.

La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, sólo en Valledupar.

“Esta es una modalidad inédita, mecanismo que ha surgido en una región de país, mediante la declaratoria de locura o demencia de los trabajadores se les consigues pensiones de invalidez, con esquemas defraudatorios con seguros de crédito por miles de millones de pesos”, recalcó el fiscal.

LAS PRUEBAS

Durante las audiencias concentradas, el acusador realizó el descubrimiento de varias pruebas que fueron contundentes para que los indiciados se determinaran a aceptar sus responsabilidades en los hechos. Entre ellos se destacan varias grabaciones en audio que fueron logradas a través de interceptaciones telefónicas que realizaron investigadores del CTI durante dos años a varios de ellos.

“En una de esas grabaciones se puede escuchar como la Junta de Calificación Regional de Invalidez del Cesar tenía depositado en una cuenta del banco BBVA unos recursos públicos de los que se habían apropiado de forma sistemática y dolosa. Por lo que se escuchó se infiere que hubo conciencia de voluntad para apropiarse de esos recursos por parte de esas personas y la forma casi que grotesca en la que se comercializaba en cada actuación de los miembros de esa junta, como se expedían esos dictámenes a sabiendas de la utilización que hacia el futuro inmediato tendría por las personas interesadas, como iba y venía el dinero, comerciando en una forma vulgar esa función pública que les encomendó la ley”, dijo el fiscal.

FRENARÁN PENSIONES

Algunos de los abogados de las entidades financieras y de pensiones que fueron víctimas en el proceso, aseguraron que varias de las pensiones que están en trámite serán suspendidas teniendo en cuenta que en varios de esos casos la documentación aportadas para los trámites son similares a lo descubierto por la Fiscalía, sumado a que muchas están ad portas de hacerse efectivas.

“Para recuperar parte del dinero que perdió la empresa, como entidad encargada de administrar las pensiones desde lo privado estaremos realizando las labores pertinentes para revisar la ilicitud de las mismas. Lo cierto es que Porvenir tiene que garantizar que los créditos y las pensiones que hayan sido otorgadas a través de maneras fraudulentas sean suspendidas, revisadas en su totalidad y que en esa medida, el fraude llegue a culminación. Las personas que adquirieron pensiones irregularmente las perderían y trabajamos para ello”, dijo el representante de la empresa de seguros Porvenir, Amir Abushihab.

http://www.quintopoder.com.co/a-la-carcel-8-de-los-10-implicados-en-el-cartel-de-las-pensiones/

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