Jueces del TSJ de Murcia se plantan ante incapacidades psiquiátricas

Hay jueces de la sección laboral que ya no pueden más con las miles de demandas de incapacidad laboral que les llegan, la mayoría basadas en motivos psiquiátricos. No puede ser que las patologías psiquiátricas un % muy minoritario del total de patologías sean la mayoría para pedir incapacidades laborales, hay un momento que esto ya se convierte en un sainete. Recordemos lo que pasaba con la antigua ley del aborto:

“antes de la introducción de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (conocida como ‘ley Aído’), el supuesto de riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre suponía el 96,77 por ciento del total de casos (95% salud psíquica y 5% salud física); el supuesto de riesgo fetal era del 2,86 por ciento; el de violación el 0,02 por ciento; “varios” el 0,16%. A partir de la ‘ley Aído’, dicho supuesto de riesgo para la salud de la madre pasó a ser de tan solo el 7,3 por ciento, mientras que se utilizó el nuevo supuesto de ‘petición de la madre’ en el 89,58 por ciento de los casos”.

https://psiquiatrianet.wordpress.com/2013/11/06/psiquiatras-espanoles-piden-al-gobierno-que-no-utilice-socialmente-la-especialidad-en-la-reforma-de-la-ley-del-aborto/

Fijaros simplemente un cambio normativo pasamos de 95% de personas con grave riesgo de enfermedad mental a un 7,3% y el nuevo supuesto de petición de la madre sin más causa llega al 89,50 o sea prácticamente un 90%.

Esto se puede traspolar a cualquier otra cuestión en España por ejemplo prácticamente es la Seguridad Social, la que se hace cargo del mantenimiento de la población, en otros países más desarrollados tienen Rentas de Garantía de Ingresos. En este país ante un desempleo largo siempre, en primer lugar se recurre a la Seguridad Social bajo la excusa de una enfermedad para cobrar una pensión vitalicia, y claro el motivo causante siempre debe ser una enfermedad invalidante e incurable.

Si recordamos la antigua ley del aborto, el motivo mayoritario un 95% era un trastorno mental, esto es lo que está pasando en la jurisdicción social, si yo como Seguridad Social de las miles de patologías que existen incluyo las psiquiátricas, sucede lo mismo una prevalencia enorme de patologías que no tienen prueba alguna más que una entrevista diagnóstica es decir no existe barrera alguna para solicitar una incapacidad permanente ya sea en su modalidad total o absoluta. Es como si solo importara la voluntad del interesado para obtener una Renta de Garantía de Ingresos pagado por la Seguridad Social.

Es lo que sucede en personas que no trabajan por cualquier motivo, como la simple voluntad de no querer trabajar, en otros países se acogen a unas Rentas de Garantías de Ingresos y ni la Seguridad Social ni los Juzgados Laborales pintan nada.

Esto es prácticamente lo que quieren decir estos Magistrados del TSJ de Murcia sección laboral, no podemos convertir la psiquiatría en una excusa para obtener pensiones de la Seguridad Social, que esta gente desempleada se diriga al gobierno para lo que tienen que pedir una Renta de Garantía de Ingresos como se hace en cualquier país civilizado.

Esperemos que algún psiquiatra se dé cuenta como se ha hecho con el aborto y convoque una rueda de prensa para que la psiquiatría no sea excusa o soporte de invalideces inexistentes.

Presentamos la noticia:

“Estos magistrados –añade el abogado- cuando recurre el ciudadano ante sentencias desestimatorias utilizan y aplican perfectamente lo dicho anteriormente, lo que demuestran que lo conocen. Pero cuando quien recurre es el INSS ante sentencias estimatorias hacen siempre justo lo contrario. Es decir, valoran unilateralmente la prueba, modificando la valoración hecha por el juez de la instancia infringiendo la ley de la jurisdicción social y lo que es más grave llevan a cabo modificación, supresión o adiciones de hechos probados sin que la parte recurrente lo pida en su recurso, que nunca se ampara en el art.193b de la LJS, algo que legalmente les está vedado”.

***

Dos casos: un camionero y una cocinera

Los magistrados querellados “desde el año 2012 han revocado todas las sentencias estimatorias de Seguridad Social en la que ha sido parte este letrado, y, por lo que me dicen los compañeros, a ellos también les ocurre lo mismo”, se lee en la querella. “Alguno me decía: ´creía que me tenían manía a mí, pero me alegra saber que es a todos´”, prosigue la querella.

Entre las incapacidades que han revocado estos magistrados se encuentra la de una cocinera que sufría “trastorno de personalidad, abuso de alcohol en remisión temprana y episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos”, entre otras dolencias. Uno de los magistrados denunciados consideró en su fallo que “no se acredita, por el momento, que las mismas le impidan el desempeño de cualquier actividad laboral”.

También está el caso de un camionero al que, tras un accidente en el que sufrió quemaduras de segundo grado en la cara, el cuello y la rodilla, se le diagnosticó un “trastorno neurótico-depresivo”. La Seguridad Social lo declaró en situación de incapacidad permanente total, y un año después, tras una revisión, se revoca esto, “por mejoría”. El magistrado, en este caso, cree que “el trastorno ansioso depresivo no es determinante de incapacidad permanente por sí solo”, y que los fármacos que toma el afectado (Diazepan, Noctamid, Seroquel, Fluoxitina y Trankimacin) “no está probado que le impidan conducir”.

http://www.lacronicadelpajarito.es/region/poder-judicial-investiga-a-tres-jueces-del-tsj-murcia-por-anular-sentencias-incapacidad

Artículo 193 Objeto del recurso de suplicación

El recurso de suplicación tendrá por objeto:

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.
b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.
c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l36-2011.html

Este abogado ni se entera que ha habido una sentencia no de un TSJ sino del Tribunal Supremo que valoró la prueba como le dio la gana ante un supuesto de pedir una pensión al ministerio de defensa por contraer esquizofrenia un recluta en el servicio militar y el Magistrado de esa sentencia se saltó completamente que la valoración de la prueba se excluye por completo en un recurso de casación a no ser que excepcionalmente por interés general se pueda entrar en ello. El interés general fue inexistente porque aparte de que ya se eliminó el servicio militar obligatorio no ha habido sentencia alguna basada en esa sentencia del Supremo. En España para que una sentencia sea considerada prevaricadora deber ser absolutamente irracional, estrambótica etc. porque simplemente alegar que el art 193.b no permite al juez de segunda instancia de mutuo propio revisar los hechos probados sino lo pide la parte recurrente (nótese que no lo dice ni la ley esa interpretación que seguro que habrá jurisprudencia contradictoria), no es más que una interpretación que hace de esa norma porque es un principio general de derecho que una segunda instancia pueda valorar todos los hechos y normas legales, y como recordemos los principios generales de derecho son una fuente más de derecho, el artículo 1.1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico son «la ley, la costumbre y los principios generales del derecho».

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