Cárceles privadas de EE. UU. pagan a los jueces para que les envíen más prisioneros

 

A diferencia de USA aquí no existen cárceles privadas pero también son un gran negocio y que los jueces corruptos sean procesados es materia especulativa en España que no en USA como se ve en este vídeo.

 

Por primera vez, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), la empresa de Patrimonio que se encarga de la construcción de las cárceles, ha realizado un estudio del impacto socioeconómico de la apertura de un centro.

Las conclusiones de este informe parecen la receta anticrisis para cualquier ayuntamiento con más de 20 hectáreas de suelo rústico disponible y con ganas de  echar una mano para paliar el creciente hacinamiento penitenciario: una prisión a pleno rendimiento ‘produce’ un beneficio directo e indirecto anual para la comarca que puede llegar a los 40,5 millones de euros (dependiendo del tamaño del centro).

Las cifras son contundentes: una de las nuevas macrocárceles tipo (con 1.008 celdas) y una extensión superior a los 35.000 metros cuadrados genera de manera instantánea no menos de 684 puestos de trabajo directos (501 funcionarios, 83 laborales escogidos entre los vecinos y cien guardias civiles). En total, 17,6 millones de euros en sueldos que, en su inmensa mayoría, serán gastados en la comarca de acogida del nuevo centro.

“Efecto indirecto”

Pero los informes de SIEP revelan mucho más. El «efecto indirecto» de una gran cárcel hace embolsarse a los vecinos de esa zona otros 12,2 millones de euros al año. En ese capítulo se engloban los ingresos de las empresas relacionadas con el centro, básicamente los proveedores de bienes y servicios de esa nueva ‘ciudad penitenciaria’ con una población que puede superar fácilmente las 2.500 almas entre presos y ‘cuidadores’.

Los analistas de Patrimonio e Interior también destacan los 10,6 millones de euros anuales de «efectos económicos inducidos», constituidos por el gasto y el consumo de los empleados, que en muchos casos se trasladarán a vivir, con sus familias, a la comarca y que, obviamente, comprarán en los comercios de la zona.

Todo ello, sin contar con el dinero que los visitantes al centro, principalmente los familiares de los reclusos, gastarán en alojamiento y manutención. Todo este movimiento de personas y dinero crea más de 200 puestos de trabajo fuera de los muros de la macro prisión, según los estudios de Patrimonio.

Las cifras son algo más reducidas si se tratan de cárceles-tipo más pequeñas de 504 ó 720 celdas. Las prisiones menores, no obstante, crean una riqueza anual de 19,8 millones de euros (8,1 de efecto directo, 6,1 de efecto indirecto y 5,3 de inducido). Por su parte, los centros medianos dan unas ganancias a la comarca de 29,6 millones (13,3 directos, 8,7 indirectos y 7,6 inducidos).
SIEP lo ha estudiado todo. El 90 por ciento de los empleados directos del centro (funcionarios, personal laboral y fuerzas de seguridad) terminan viviendo en la «localidad, municipio o provincia que acoge el centro penitenciario». Y los ingresos se disparan, sobre todo en algunos sectores de la comarca.

El más beneficiado es el de la «vivienda, gas y agua» que se lleva 28 de cada 100 nuevos euros que llegan de la mano de la cárcel.  Le siguen la alimentación (que copa el 18%), el transporte (un 12%), la banca (un 10%) y la hostelería con un 9 %.
Patrimonio no ha incluido en su estudio otros beneficios directos que lleva consigo una cárcel como la construcción, a cuenta de la Administración_central, de nuevos accesos a la zona, la rehabilitación de calzadas por motivos de seguridad o la mejora de los saneamientos compartidos de la comarca.

Futuro estable

El fuerte crecimiento de la población reclusa, además, ha convertido el negocio de las cárceles en una inversión segura a largo plazo para las constructoras, que saben que cada nueva plaza de régimen cerrado costará al Estado una media de 117.000 euros.
En los diez primeros meses de este año, los establecimientos penitenciarios han visto aumentar sus residentes en 4.091 miembros, o lo que es lo mismo una colonia suficiente para llenar cuatro macro-cárceles.

En la última década, el número de internos no ha descendido un sólo año. En menos de dos décadas, la población entre rejas se ha multiplicado por dos.

Y las previsiones de Interior son que los presos sigan creciendo, habida cuenta de que el endurecimiento penal hace mucho más difícil que los jueces dicten cumplimientos alternativos a la prisión.

Como una verdadera oficina de empleo

Las cárceles son un negocio mucho antes de comenzar a funcionar. Entre los 22 y 26 meses que dura su construcción, un centro penitenciario se convierte en una verdadera oficina de empleo. Una prisión de 1.008 celdas necesita de 853 personas para levantarla, entre trabajos directos e indirectos. Las penitenciarias medianas y pequeñas generan,a su vez, entre 724 y 639 empleos.

No es el único beneficio, pues crean riqueza casi desde el primer cimiento. Cada año que se prolonguen las obras, la comarca donde se instala el centro ingresa entre 23 y 31 millones de euros, según el tamaño de aquel.

El montante que se mueve en esos meses es más que considerable. El Estado paga a las concesionarias privadas que construyen una macrocárcel una media de 110,6 millones de euros, un negocio equivalente a levantar una urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja de que no hay que publicitar ni  vender los adosados en plena recesión.

El dinero que generan los centros menores también es importante: 89,7 millones cuesta una prisión de 720 plazas, y 70 millones otra de 504 celdas.

Las grandes empresas de construcción, solas o en unión temporal, no dejan pasar la oportunidad. Dragados (ACS) o el Grupo Vías, entre otros, participan en este tipo de concursos.

Fuente: Finanzas

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