Los disidentes van al manicomio

Versión china del Gulag

Por Robin Munro
Para La Nación
Lunes 11 de junio de 2001

LONDRES

EN el anterior Foro Global Fortune, que convocó en Hong Kong a líderes del mundo de los negocios, Gerald Levin, ejecutivo máximo de Time-Warner, entregó el premio Abraham Lincoln al presidente chino, Jiang Zemin. Hace poco, Jiang asistió a una nueva reunión del Foro pero, a Dios gracias, no se repitió aquel acto conciliatorio. Al parecer, hasta a los patrones occidentales entusiasmados con China les resulta difícil elogiar a Jiang, mientras este aplasta al movimiento espiritual Falun Gong encarcelando a sus miembros o enviándolos a hospitales psiquiátricos.

La internación impuesta a muchos de ellos es una táctica fundamental de la campaña represiva. Los grupos que apoyan al Falun Gong desde el extranjero han documentado un centenar largo de casos. Se calcula que hay 600 sometidos a “terapia”, y se habla de tres muertes por maltrato.

La versión china del Archipiélago Gulag es poco conocida en el exterior. Lo conforman una veintena, o más, de instituciones Ankang (“Paz y Salud”) administradas por el Ministerio de Salud Pública y subordinadas a los departamentos provinciales. Los disidentes políticos y personas de otras categorías similares son llevados ante psiquiatras forenses estatales. A menudo, los tratan como delincuentes supuestamente psicópatas “de máxima gravedad y peligrosidad” y los internan por la fuerza en esos lugares reservados.

La psiquiatría forense china ha atravesado varias fases. En los años 50, predominaban las influencias soviéticas, basadas en teorías clínicas (verdaderas herejías) que atribuían determinadas formas de disensión política y religiosa a variedades específicas de psicopatías “peligrosas”. Durante la Revolución Cultural (1966-1976) se repudió oficialmente la psicología humana, se equiparó la ideología política “correcta” con la buena salud mental y, en las evaluaciones psiquiátricas de delincuentes detenidos en Shanghai y otras áreas, entre el 50 y el 70 por ciento de los casos se calificaron “de naturaleza política”.

La década del 80 presenció un retorno a los abusos psiquiátricos más discretos de la época anterior a la Revolución Cultural. A comienzos de los 90, la psiquiatría de orientación política disminuyó, pero tras la masacre de Tiananmen se volvió a internar a los disidentes y otros inconformistas políticos en hospitales psiquiátricos especiales, por la fuerza y por tiempo indefinido.

Veamos un par de ejemplos. En diciembre de 1999, Xue Jifeng, activista en favor de los derechos del trabajador, fue detenido por la policía en Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, por intentar reunirse con otros activistas. Lo internaron en el Hospital Psiquiátrico Municipal Xinxiang, donde permaneció hasta julio de 2000. Según dicen, le administraban drogas por la fuerza y lo mantenían en una sala con auténticos enfermos mentales que de día lo acosaban y de noche no lo dejaban dormir.

Más recientemente, otro activista laboral, Cao Maobing, fue arrestado por quejarse ante periodistas extranjeros e internado en un manicomio de la provincia de Jiangsu, donde lo medican y le aplican electrochoques. El director del hospital alega que un panel de expertos le diagnosticó “psicosis paranoide”.
Qué puede hacer Occidente

Uno se pregunta por qué los dictadores recurren a medidas tan complicadas y costosas contra los opositores políticos o religiosos, disponiendo de métodos de neutralización más simples, como la pena de muerte o la cárcel. Entre otras razones, porque en la China posterior a Mao los líderes reformistas, abocados a reducir los “excesos” de antaño, pusieron fin a la liquidación física de los enemigos políticos (lo mismo había ocurrido en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin).

Como el arresto ya no significaba la ejecución sino un encierro prolongado, los disidentes obtuvieron una posibilidad razonable de salir de la cárcel o el campo de trabajos forzados. De ahí la aparición de redes de disidentes en ambos países, una vez fallecidos Stalin y Mao. Pero desde el punto de vista de los sucesores de estos dictadores, este viraje creó una complicación no deseada a sus “deshielos” políticos. Necesitaban mecanismos más sofisticados para intimidar a sus pueblos, y hay pocos medios disuasivos de la actividad opositora más potentes que la amenaza de internación en un hospital para delincuentes alienados.

El mundo exterior tiene con qué combatir el abuso de la psiquiatría en China. En 1983, una larga campaña montada por asociaciones de psiquiatras occidentales y organizaciones internacionales de derechos humanos impelió a la Sociedad de Psiquiatras y Neuropatólogos de la Unión Soviética a retirarse de la Asociación Psiquiátrica Mundial para evitar la expulsión. Solo fue readmitida en 1989, luego de varios años de perestroika y tras la apertura, para las asociaciones psiquiátricas occidentales, del acceso directo a instituciones soviéticas de psiquiatría forense.

Como paso inicial en esta lucha, la Asociación Psiquiátrica Mundial y los organismos profesionales nacionales deberían pedir el acceso directo a la red Ankang y otros lugares de encarcelamiento psiquiátrico. La promoción de esta causa por entidades psiquiátricas locales e internacionales también podría alentar a los gobiernos occidentales y a la Unión Europea a incluir el tema del abuso político-psiquiátrico en la agenda oficial de las sesiones periódicas sobre derechos humanos, hoy tan comunes en las relaciones entre China y Occidente. © Project Syndicate y La Nación

Robin Munro es investigador del Departamento de Derecho y Centro de Estudios Chinos de la Universidad de Londres.

(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=311783

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