Política del Internamiento Civil y Tratamiento Involuntario en la Unión Europea y España

Y unenlace a un informe de la Unión Europea

europeancomission

Sobre la “legislación y práctica” del ingreso forzoso y el tratamiento involuntario en los distintos estados miembros (en inglés)

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2000/promotion/fp_promotion_2000_frep_08_en.pd

y en España hay una propuesta de ley por iniciativa de CIU para cambiar la ley de Internamiento Civil Involuntario, no saben estos diputados donde se meten big-laugh

Querían añadir un apartado más a la ley en referencia al tratamiento involuntario.

ART. 763-5 LEC: Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico o un periodo de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, previa propuesta razonada del especialista, audiencia del interesado, informe del Forense y del Ministerio Fiscal. En la resolución que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus mecanismos de control y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al Juez, al menos cada tres meses, de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamiento. El plazo máximo de duración de esta medida será de dieciocho meses.

http://www.fundacionagustinserrate.org/noticia_detalle.php?pk_noticia=3

Más

http://www.psiquiatrialegal.org/TODNV_normal1.pd

Actualmente se ha paralizado tal despropósito, sería un escenario de pesadilla más para los psiquiatras que a los supuestos millones de simuladores de enfermedad mental que necesitarían tratarse involuntariamente para coger a 4 enfermos neurológicos de esquizofrenia sueltos no se pueden echar redes pelágicas para eso aunque lo quieren meter de tapadillo, en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

La aparición de la regulación en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria puede calificarse de “auténtica sorpresa” pues no figuraba en el Anteproyecto y tampoco figuraba en el texto que fue remitido al Consejo General del Poder Judicial para informe.

Una cuestión como ésta, que afecta al derecho más fundamental de la persona cual es la libertad en varias de sus manifestaciones; de pensamiento y de decisión (Art. 16 Constitución Española); de elegir libremente residencia y circular por todo el territorio nacional (Art. 19 C.E.); de decidir sobre su salud y tratamiento (Art. 43 C.E. en relación con la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre de Autonomía del Paciente) no puede “colarse” en una ley procesal menor como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuando el amplio debate político y social motivado por la propuesta de FEAFES determinó su paralización y, en buena medida, su rechazo.

Pero se trata de algo más grave, pues la regulación que contiene el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria (Arts. 84 a 87), excede con mucho la propuesta de FEAFES que Convergencia i Unió llevó en el año 2004 al Congreso.

a) Por un lado, no se dirige ya a “los tratamientos ambulatorios no voluntarios”, sino a los “tratamientos no voluntarios” en general.

b) En la propuesta de FEAFES la iniciativa tenía de partir ineludiblemente de “la previa propuesta razonada del especialista”
Ahora pueden tomar la iniciativa: (Art. 85)

“El cónyuge del paciente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes o hermanos del enfermo, tutores, curadores o titulares de la patria potestad del mismo, así como el facultativo que atienda al paciente o responsable del servicio de salud mental al que el mismo esté adscrito.

Igualmente podrá promover el expediente el Ministerio Fiscal, si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no lo hubieran promovido”.

c) Incluso se puede acudir al Juzgado sin conocimiento del facultativo (Art. 86)

1.- “La solicitud de autorización de tratamiento no voluntario para el enfermo psíquico se realizará mediante propuesta razonada sobre la situación de incapacidad del paciente, el tratamiento al que está sometido y la situación de incumplimiento del mismo”

2.- Admitida a trámite la solicitud por el Juez, el Secretario Judicial, en el plazo máximo de 24 horas, citará a comparecencia al solicitante, al paciente, así como al Ministerio Fiscal…

3.- En todo caso, y de no haberse aportado antes, el Juez recabará informe sobre la falta de capacidad de decidir del paciente, la información clínica del mismo y el plan de tratamiento actual. Igualmente se recabarán informes del Forense y se podrán acordar de oficio o instancia del solicitante o del paciente y del Fiscal las pruebas que estimen relevantes para el caso en orden a determinar la falta de capacidad para decidir del paciente, su situación clínica y la necesidad del tratamiento”

Con ello se traslada al colapsado ámbito judicial, para que decida en unas horas, los siempre graves supuestos de negativa a tratamiento, negativa que puede partir de ausencia de conocimiento de enfermedad pero también de una opción de libertad.

La pregunta clave es ¿Por qué algunos enfermos no quieren acudir a los Centros de Salud o no quieren tratarse? Es en el análisis sincerísimo de las diferentes respuestas donde se podrá atisbar la solución a este fenómeno. Lo que no parece serio es reenviarlo al ámbito judicial cuando el ámbito sanitario no ha hecho aún sus deberes, ni ha cumplido con las previsiones contenidas en el Art. 20 de la Ley General de Sanidad de 1986, máxime cuando lo que se pide al ámbito judicial que valore es un concepto de máxima dificultad, como es el de “la capacidad para decidir por sí mismo”.

Es cierto que existe una Recomendación (10/2004) del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa sobre protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales, que establece criterios sobre los tratamientos no voluntarios pero entre ellos establece el de que “no existan medios menos intrusivos para proporcionar el cuidado adecuado”

Es seguro que antes de ir al Juez hay muchas cosas mejores que hacer, las cuales ya fueron señaladas por el Defensor del Pueblo en su Informe de 11 de Noviembre de 2005.

También en el ámbito judicial hay mucho que hacer. En los últimos años se está consiguiendo en algunas capitales de provincia, la concentración en un solo Juzgado de las cuestiones civiles relativas a la Discapacidad. Es un gran avance pero aún son más las capitales donde tal atribución no existe y la meta-mito de los Juzgados Especializados, esto es con personal específico y formado, no se adivina ni en el horizonte más lejano.

La atención de salud mental tiene que contar con que una parte de sus pacientes van a rechazar el tratamiento y tendrán que establecer las estrategias de abordaje de este colectivo con equipos de actuación externa, seguimiento individualizado, apoyo y coordinación con familiares, instituciones, etc….

Sólo cuando todas estas medidas previas hayan fracasado se podría pensar en acudir al Juzgado.

Con la actual propuesta se corre el riesgo de que el acudir al Juzgado sea el “único recurso” con la finalidad de imponer un tratamiento “coercitivo” impropio del Juez Civil.

Esto es lo que se ha dado en llamar “función terapéutica del Juez” pero esta función no se encuentra ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo que si viene en la Constitución, en el Art. 9-2, es un mandato claro a todos los Poderes Públicos:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En nuestro sistema jurídico la libertad está antes que la salud, así lo reconoce la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente

Resuena de pregunta formulada por la Sra. Grande:

En el año 2004 la propuesta de FEAFES nos pudo parecer “inoportuna” (porque en algunas Comunidades Autónomas ya se estaban dando pasos en otra dirección), pero a la postre debe reconocérsele el mérito de haber suscitado un debate serio y prolongado sobre la atención de salud mental y el haber orientado en buena medida las cosas.

En este contexto, la inclusión en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de un capítulo dedicado a “La autorización judicial de los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos” resulta sorprendente y perturbadora.

Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental

Madrid, 13 de noviembre de 2006
http://www.portalsaludmental.com/Article326.html

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