EL NEGOCIO DE LA PSIQUIATRÍA FORENSE, dinero tirado a la basura: caso John Hinckley

Hinckley, un negocio para los psiquiatras

NYT – Washington

EL PAÍS – Internacional – 21-06-1982

Me declaro Loco y salgo en poco tiempo

El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y tres personás de su séquito eran abatidos a balazos en plena calle. El autor de los disparos era un joven de veinticinco años, hijo de una familia acomodada, antiguo afiliado al partido nazi norteamericano. Ahora, dos años después del atentado, se ve el proceso contra John Hinckley. Y tanto la acusación como la defensa han planteado la estrategia procesal en base al posible desequilibrio mental del acusado. Una estrategia que suma ya cientos de miles de dólares. El Gobierno de los Estados Unidos y los padres de John Hinckley -el frustrado asesino del presidente Reagan, cuyo juicio comenzó hace casi dos meses- tendrán que pagar facturas de por lo menos 350.000 a 450.000 dólares (entre 35 y 45 millones de pesetas) a los respectivos equipos de psiquiatras y otros expertos que han pasado la mayor parte del último año investigando la mente del acusado.Los honorarios de los peritos que prestan su testimonio ante el tribunal incluyen una factura, al Gobierno, de 115.917 dólares (once millones y medio de pesetas) enviada sólo por uno de los psiquiatras de 33 años de edadrequeridos por el fiscal. La suma de los honorarios de todos los expertos no son, sin embargo, sino una parte del coste total de lo que se ha convertido en el más largo y caro proceso, relacionado con un caso de enfermedad mental, de la historia moderna.

Ese coste total sobrepasa los dos millones de dólares (doscientos millones de pesetas) si se incluyen los honorarios de los abogados de la defensa, calculados, por lo bajo, entre el medio millón y el millón de dólares, y el millón largo que ha gastado el Gobierno para garantizar la seguridad de Hinckley desde que disparó contra el presidente Reagan y otras tres personas el 30 de marzo de 1981. El derroche legal y médico puesto a disposición del acusado, que cuenta ahora veintisiete años, se explica en parte por la riqueza de sus padres, que son millonarios, y en parte por la elección de sus víctimas. El resultado es un dramajudicial de un parecido algo más que pasajero con el argumento de su vida descrito por el propio Hinckley a los psiquiatras: “Una película protagonizada por mí”, con Ronald y Nancy Reagan en los papeles secundarios y “un reparto de doctores, abogados y figurantes”.
Hasta el momento, catorce médicos han subido al estrado desde que el tribunal federal de distrito de Washington comenzó sus sesiones, hace ocho semanas. Entre ellos se encontraban nueve peritos que pasaron la mayor parte del mes último, entrando en cada detalle de la vida del acusado, participando en sesudos debates sobre la anchura o las circunvoluciones de su cerebro y contradiciéndose unos a otros sobre su capacidad o incapacidad mental en el momento de los disparos.
Tres fiscales federales y cuatro abogados bien cotizados, de la firma Willians y Connolly, de Washington, rivalizan cada día en la sala del juicio con sus argumentos, mociones y objeciones, interrogatorios y contrainterrogatorios, reinterrogatorios y recontrainterrogatorios. Y después están los figurantes, clérigos, periodistas de tribunales, los comisarios federales con sus pistolas y auriculares. Existe incluso una cámara de video en la sala que graba los testimonios para que Hinckley pueda contemplarlos desde su celda cuando no le apetezca comparecer en la sala.
El Gobierno tendrá que pagar una factura de 311.855 dólares por el equipo de tres psiquiatras y un psicólogo que intervinieron la semana pasada, informó un portavoz del departamento de Justicia. Esa cifra incluye los 115.917 dólares que deberá pagar al doctor Park Dietz, un profesor ayudante de Psiquiatría de la Escuela Médica de Harvard que coordin e equipo, escribió la mayor parte de su.informe de 628 páginas y completó cuatro días de testimonio como principal testigo de la acusación para refutar las alegaciones de enfermedad mental esgrimidas por la defensa de Hinckley. Dietz ha testificado que dedicó al Gobierno 120 horas de su tiempo.
La cifra a pagar por el Gobierno no incluye los salarios de empleados federales tales como la doctora Sally Johnson, una psiquiatra de plantilla de una institución correcional federal de Butner (Carolina del Norte), que se entrevistó 57 veces con el acusado.
Aunque los tres fiscales federales son bastante menos caros que los cuatro abogados de la defensa encabezados por Vincent Fuller, la acusación parece haber gastado mucho más que la defensa en la batalla de los psiquiatras. Al parecer, Dietz pasó cientos de horas entrevistando a testigos e investigando cualquier indicio de prueba que tuviera relación con 61 estado mental de Hinckley en el momento de los disparos.
Las minutas
Los abogados de la defensa no han revelado el total de las minutas de los seis expertos que han testificado en apoyo de la tesis de que el acusado no estaba en sus cabales en aquel momento. Calculos aproximados, basados en las facturas normales de este tipo de expertos, indican que la cifra a pagar por los Hinckley se sitúa entre los 50.000 y 100.000 dólares. Dos de los psiquiatras de la defensa han testificado, a preguntas de los fiscales, que habían reducido sus minutas meses antes de que el juicio comenzase el pasado 27 de abril como consecuencia del esfuerzo financiero que estaba haciendo la familia Hinckley.Expertos legales aseguran que Hinckley no habría tenido probablemente un juicio tan pródigo sí su padres no fueran ricos o le, hubiesen desheredado. Sin embargo, el hecho de haber disparado contra el. Presidente ya le aseguraba un juicio federal, donde la complejidad de los casos es la norma. La naturaleza del caso le aseguraba también el tipo de publicidad que, en ocasiones, mueve a prominentes abogados privados a ofrecer voluntariamente sus servicios, como ha ocurrido en otros juicios por asesinato.
Pero si Hinckley hubiese sido indigente, el Gobierno habría tenído que correr con el costo de una defensa sofisticada. Los acusados que son juzgados por crímenes federales y se confiesan no culpables por razones de enfermedad mental tienen derecho, para su defensa, a ser examinados por expertos psiquiatras con cargo a los gastos del Gobierno, de acuerdo con la Criminal Justice Act.

Fuente: El País

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John Hinckley, de veintisiete años de edad, fue declarado “no culpable, por enfermedad mental”, de los trece cargos que le acusaban del intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan y otras tres personas, ocurrido el 30 de marzo de 1981, frente al Washington Hotel Hilton, en la capital federal de Estados Unidos.
Los padres de Hinckley, en primera fila de la sala del tribunal, en Washington, se abrazaron emocionados cuando el juez federal Barring Tom Parker pronunció el veredicto decidido por un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres, todos ellos de raza negra con excepción de una mujer.Hinckley ocultó su rostro con las manos, siendo trasladado inmediatamente al hospital Saint Elizabeth, institución para enfermos mentales, donde el autor del intento de asesinato contra el presidente Reagan puede quedar internado. Pero las leyes del distrito de Columbia, sede de la capital federal norteamericana, dan sesenta días de plazo para concretar si Hinckley es un enfermo mental peligroso o puede recuperar su libertad. “No hemos comentado ningún aspecto de ese juicio y no lo haremos tampoco ahora”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes, preguntado por la reacción del presidente Ronald Reagan a la decisión del jurado.
Fuente: El País
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En realidad, la polémica enfrenta a juristas y psiquiatras en tomo al punto clave de saber hasta qué punto se puede considerar como “demente” o “enfermo mental” a una persona que atente contra la vida de otras. El Congreso estadounidense promete tomar cartas en el asunto y preparar una modificación del código penal norteamericano que permita considerar “culpable, pero demente” al autor de atentados criminales.El propio Hinckley, “en tan polémico juicio, reconoció que “estaba convencido de que sería declarado culpable” en el transcurso de una entrevista exclusiva con el diario The Washington Post. Con cierto sentido del humor añadió que “he ayudado al presidente”, porque, “después del atentado subió en un 20% su índice de popularidad”. Hinckley pidió “perdón” a James Brady, herido e imposibilitado durante el atentado contra Reagan.

Unos cien millones de norteamericanos pudieron seguir en las pantallas del televisor el momento exacto en que John Hinckley, de veintisiete años de edad, disparaba en la puerta del Washington Hilton Hotel contra el presidente, Ronald Reagan. Pudieron ver con todo detalle el caos provocado por seis balas del calibre 22. El dolor reflejado en el rostro del presidente por la bala incrustada a medio centímetro del corazón. Los cuerpos heridos en el suelo del secretario de Prensa de la Casa Blanca, James Brady -hoy completamente incapacitado en su silla de ruedas-, del agente del servicio secreto Timothy Maccar y del policia Thomas Delahanty.

Pero el testimonio gráfico no valió para que el jurado de once personas de raza negra y una blanca fuera insensible a los argumentos de una defensa muy bien estructurada, que logró imponer la tesis de “enfermedad mental” de John Hinckley, en el momento de realizar el atentado.

Hoy, Hirickley espera tranquilamente en el hospital psiquiátrico, en condiciones de semilibertad, a que las autoridades del distrito de Columbia, en la capital federal de Estados Unidos, decidan dentro de sesenta días si Hinckley es todavía un individuo peligroso, o si ha recuperado plenamente sus facultades mentales y puede ser puesto en libertad. Tanto los familiares como los abogados de la defensa afirman que no insistirán para una rápida liberación.

Tal posibilidad irrita a los norteamericanos. Desde el secretario de Justicia, William. French Smith, hasta los miembros del comité judicial del Congreso, que comenzaron un intenso debate para modificar la legislación actual a fin de permitir que una persona pueda ser declarada “insana”, “demente” o “enferma mental”, pero, en cualquier caso, culpable, en casos de atentados criminales contra la vida de otras personas. Los sondeos realizados en torno al caso Hinckley son abrumadores contra la decisión de calificar a Hinckley de “inocente” quizá por la personalidad de la víctima del atentado, ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos.
Fuente: El País

Tanto dinero de 1981 gastado en psiquiatras forenses para nada, todavía sigue en un manicomio penitenciario 30 años después.

Soy no culpable y todavía sigo encerrado

John Hinckley es un preso político. O al menos es un prisionero de la política.

Por ROGER SIMON | 6/18/09 3:54 AM

Hinckley fue declarado no culpable por razones de locura por los disparos al presidente Ronald Reagan, el secretario de prensa de Reagan, James Brady, un agente de policía y un agente del Servicio Secreto en 1981 fuera del hotel Hilton de Washington.

Hinckley ha estado encerrado en el St. Elizabeth Hospital, un centro amplio, en su mayoría por enfermos mentales abandonados en Washington, desde 1982.

Desde 1985, los médicos de Hinckley han estado diciendo que su psicosis y la depresión mayor se encuentran en “remisión completa”.

Cada pocos años, Hinckley se convierte en noticia porque solicita permiso para realizar visitas fuera de San Elizabeth, los médicos están de acuerdo, el Departamento de Justicia siempre los objeta y un juez por lo general los admite contra  Hinckley.

En un fallo publicado el martes, el Juez del Distrito de EE.UU. Paul Friedman hizo caso omiso de las objeciones de los fiscales y dijo de Hinckley ” bajo las condiciones adecuadas, no es  un peligro para si mismo u otros y debe tener libertad para pasar más tiempo fuera de San Elizabeth e incluso tener clases de conducir para que algún día pueden obtener una licencia”.

El próximo lunes se conmemorará el 27 aniversario del encierro de Hinckley. A modo de comparación, los asesinos en Estados Unidos sólo están alrededor de 12 años de prisión de promedio.

La locura es una defensa muy rara, se utiliza en menos del 1 por ciento de los casos de delitos, aproximadamente y con éxito sólo en el 25 por ciento de los casos.

Una de los amigas de Hinckley en San Elizabeth fue Deveau Leslie, que fue enviado allí en 1982 después de que disparó y mató a su hija de 10 años de edad durmiendo con una escopeta y luego en un intento de suicidio fallido se voló el brazo izquierdo . Ella y Hinckley se conocieron en un baile en el St. Elizabeth y tiempo después se comprometieron. Deveau fue liberado de St. Elizabeths en 1985 y de supervisión externa en 1990.

Así es: una mujer que mató a su hija con 10 años de edad con una escopeta fue liberada de Elizabeth San después de sólo tres años, pero todavía Hinckley está allí, después de casi 27 años, a pesar de que él no mató a nadie.

¿La diferencia? Hinckley disparó contra el presidente de los Estados Unidos.

Sara Jane Moore, quien intentó asesinar al presidente Gerald Ford, fue puesta en libertad el año pasado después de cumplir 32 años de una sentencia de cadena perpetua. Lynette Alice “Squeaky” Fromme, quien también trató de asesinar a Ford (su arma no sonó) todavía está en una prisión federal después de 33 años.

Las dos mujeres fueron halladas culpables de sus crímenes. Hinckley fue declarado inocente. Pero eso no ha sido mucha diferencia.

Fuente: http://www.politico.com/news/stories/0609/23867.html

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