FUTUROS ENFERMOS MENTALES

Delphi aclara: «El cierre es un hecho; primero hay que cesar la actividad y luego negociar» Un portavoz de la compañía advierte de que «el tiempo corre en contra» de la factoría y los trabajadores porque el dinero para afrontar las indemnizaciones «es limitado» Niega que sea una deslocalización y dice que las ayudas «han sido siempre para invertir»

BEATRIZ REVILLA/CÁDIZ

Delphi Automotive Systems sólo lanza un mensaje contundente: «Hemos cerrado. Es la cruda realidad. Es duro, pero la corporación estadounidense y los acreedores no nos dejan invertir más en líneas que acumulan deudas y que no son rentables como la de Puerto Real». Con estas palabras resumía ayer un portavoz la postura que la multinacional de componentes de automoción mantendrá en los próximos días ante la crisis política y social abierta tras el anuncio de la clausura «irreversible e inmediata» de la factoría gaditana.

La empresa aclaró que el cierre es un hecho y que a partir de ahora «el tiempo corre en contra» tanto de la propia fábrica como de los trabajadores, porque los recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones de liquidación ordenada son «limitados». De esta forma respondía ayer el portavoz de la corporación a las críticas lanzadas desde todas las instituciones contra la «forma y el fondo» con que Delphi Automotive Systems ha comunicado el cierre de la planta puertorrealeña, donde tiene empleadas de forma directa a 1.578 personas, a otras 300 indirectas (limpieza, transporte o seguridad), y de la que dependen al menos un millar más de puestos de trabajo inducidos de la industria auxiliar y otros ámbitos de la Bahía de Cádiz.

La misma fuente argumentó que la salida es consecuencia de que la fábrica de Puerto Real ha sido la única del mundo que quedado fuera del paquete global de venta a Platinum Equity de la división a la que pertenece (direcciones y transmisiones); este descuelgue ha dejado a las instalaciones gaditanas en una situación desventajosa porque la suspensión de pagos de la multinacional en Estados Unidos (conocido como capítulo 11 de la ley de quiebras) le impide «seguir financiando» actividades consideradas como «no esenciales» y deficitarias, debido a que le restan capacidad para afrontar los pagos a los acreedores y para reunir los 3.400 millones de dólares que ha estimado que necesita para salir de la quiebra. «La empresa tiene la sensación de haber hecho todo lo posible», según este representante, que remarcó que no se trata de una operación de deslocalización para trasladar la producción a otros países de menores costes y apuntó que la salida es la negociación con el comité de empresa, no con la Junta. Pero para ello, objetó, «lo primero es el cese de la actividad».

Esta matización alude a la estrategia adoptada por los responsables sindicales de mantener en marcha la cadena y cumplir con el trabajo, además de tener permanentemente un «retén» de empleados en la factoría para evitar la posibilidad del cierre físico de las instalaciones.

Algo que se repetirá hoy y mañana, jornadas en las que los trabajadores acudirán a la planta pero, por segundo fin de semana consecutivo, no se incorporarán a su puesto, sino que se concentrarán a las puertas para protestar contra la decisión de la multinacional.

«Claro incumplimiento»

Respecto a las críticas por las ayudas recibidas, casi 70 millones de euros desde su apertura y la aprobación de otros catorce dentro del plan industrial 2005-2010, la empresa se defiende afirmado que estas subvenciones se han concedido como parte de «inversiones que se han realizado» y con las que Delphi Automotive Systems ha conseguido minimizar los costes, pero no impedir las «enormes» pérdidas operativas de 150 millones acumuladas en los últimos cinco años.

Sin embargo, el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, que ayer mantuvo una reunión con el consejero y los sindicatos principales a nivel regional y local, aseveró que la actuación de Delphi es un «incumplimiento bastante claro» del plan industrial acordado hasta 2010, por el que se comprometía a sanear las cuentas de la empresa para mejorar su nivel de solvencia, así como buscar nuevos contratos.

Respecto a las ayudas, Bouza pidió que la sociedad «no se lleve ahora las manos a la cabeza» porque éstas forman parte de política económica y empresarial de todo Gobierno y en este caso fueron «cuantiosas» por encontrarse en una Zona de Acción Especial (ZAE) y ser Objetivo 1 de la Unión Europea. No obstante, recordó a Delphi que estos elevados incentivos y subvenciones «son los que han permitido que la factoría esté aquí desde hace veinte años. Otra cosa es que ahora, de repente, dé el cerrojazo y diga que se va».

En este sentido, el delegado provincial de Empleo aseguró que «la Junta ha hablado clarito» y pondrá en marcha los procedimientos legales y técnicos «correspondientes» para impedir la marcha.

Riesgo en Pamplona

Además de esta decisión extrema, la Federación Minerometalúrgica de CC OO de Navarra cuestionó «seriamente» que el anuncio realizado para Puerto Real no afecte a otras instaladas en España y así, recordó que en la fábrica de Pamplona está abierta «la posibilidad de venta» en un futuro. En un comunicado, CC OO indicó que el año pasado se conoció la noticia de su posible venta al grupo ISN justo después de que en mayo se firmase un plan industrial que garantiza la actividad durante cinco años se conoció, tras una «convulsa historia» de diez años. «En principio parece no haberse concretado, pero que ha dejado abierta la posibilidad de venta de la planta navarra en un futuro», advirtió el sindicato.

brevilla@lavozdigital.es

Fuente: http://www.lavozdigital.es

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