Libertad negada: Violación de los derechos humanos en centros psiquiátricos de detención en Hungría

Budapest, 11 de marzo del 2004.

Hungría

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juiciosA lo largo de los pasados dos años, el Centro para la Defensa ha presentado diversas solicitudes ante los tribunales húngaros y se ha entrevistado con muchos abogados, fiscales, jueces y psiquiatras que participan en las revisiones judiciales relacionadas con la detención de personas discapacidad mental. Las investigaciones revelan múltiples violaciones de los derechos humanos, en contra de lo que dispone la legislación húngara y el derecho internacional.

En Hungría, las personas que ha cometido grandes crímenes pueden librarse de ir a prisión si se demuestra que presentaban discapacidad mental en el momento de cometer ese crimen. Cuando se logra probar esa discapacidad mental, la persona no es enviada a prisión sino a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, que en Budapest se les llama “IMEI”, donde reciben “tratamiento”, que en la mayoría de los casos significa elevadas dosis de medicamentos. Una vez al año, los tribunales revisan la situación de estos pacientes que han cometido crímenes y pueden ser puestos en libertad cuando la corte decide que ya no necesitan ese tratamiento. La única evidencia que es presentada a los tribunales se hace a través de los informes del psiquiatra tratante y otro psiquiatra “independiente” nombrado por la corte. El Centro para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental sostiene que esas revisiones de la Corte son una mampara. Las y los abogados contratados por la Corte no protegen, a sus clientes ni reúnen las evidencias que se ocupan. La decisión de poner a alguien en detención psiquiátrica o descontinuar esa medida por parte de la Corte, usualmente se hace basándose en hechos presentados por un psiquiatra sin rostro, cuyos informes no son revisados.

Por otra parte, violando la legislación del país y la Convención Europea de Derechos Humanos, las y los abogados nombrados por las Cortes de Hungría, raramente se reúnen con sus clientes y no les explican cuál es el contenido del expediente que usa la Corte para tomar decisiones. En ninguno de los casos revisados por el Centro de Defensa, las y los abogados cuestionaron la decisión del informe psiquiátrico. En otros casos, y en contra de todo principio y de la voluntad del cliente, los mismos abogados recomendaban que la y el cliente quedara detenido.

La responsabilidad general de garantizar la protección de los derechos humanos descansa en los jueces pero, según lo ha podido demostrar el Centro de Defensa, los mismos jueces no protegen los derechos de las y los pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, el tiempo promedio que duraba la Corte para determinar el resultado de si se continuaba o no la detención psiquiátrica era de ocho minutos y, lamentablemente, en todos los casos, el o la juez simplemente seguía la recomendación psiquiátrica. Entonces, las revisiones judiciales son un ejercicio sin sentido: La o el psiquiatra tratante es quién decide si el paciente continúa detenido.

Aunque la Corte depende exclusivamente de la evidencia psiquiátrica, las y los psiquiatras nunca están presentes en las audiencias judiciales. Entonces, no es posible hacerles preguntas o solicitar más información. Por otro lado, los pacientes y los abogados raramente tienen acceso a los informes psiquiátricos antes de las audiencias judiciales. Entonces, es muy difícil preparar bien las contra argumentaciones o poder examinar mejor las evidencias contenidas en los informes psiquiátricos.

Hoy, el Centro de Defensa le pide al gobierno húngaro que acabe con las violaciones contra los derechos humanos que se denuncian en el informe Libertad negada. Este centro también pide que sea enmendado el Código Penal, ampliando los criterios que deben considerar los jueces. Se desea que estas audiencias judiciales no sean una simple formalidad y, para lograrlo, también es importante que las y los expertos en psiquiatría estén presentes. Los funcionarios judiciales deben tener formación en discapacidad mental, incluso las y los jueces y todos los abogados que participan.

Fuente: Disability World

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