Amnistía Internacional Bulgaria Maltrato y detención arbitraria de personas con discapacidad mental

Octubre de 2002 Resumen Índice AI: EUR 15/008/2002/s

Bulgaria

bulgaria

Bulgaria Maltrato y detención arbitraria de personas con discapacidad mental Introducción En este lugar no pueden vivir seres humanos. Deberían cerrarlo. Aquí la gente se muere. R.H., residente de un hogar social para adultos en Dragash Voyvoda Su política se limitaba a controlar a las personas y tenerlas allí guardadas. Dejaban a los residentes, obviamente abandonados por la sociedad, sin nada que hacer ni que esperar. Los juntaban como borregos… sin el menor proyecto con que llenar sus días. Doctora Mary Myers, especialista en psiquiatría que visitó hogares sociales de Bulgaria en calidad de representante de Amnistía Internacional. En Bulgaria, las personas con discapacidad mental sufren graves violaciones de derechos humanos, así como discriminación a causa de su discapacidad.

El trabajo de investigación llevado a cabo por Amnistía Internacional en hospitales psiquiátricos y hogares sociales del país ha puesto de manifiesto la existencia de detención arbitraria, maltrato y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con trastornos mentales o discapacidades de desarrollo.(1) Los pacientes de los hospitales psiquiátricos son internados de forma arbitraria y sometidos a tratamiento en contra de su voluntad, sin opción a recurrir a un proceso judicial o independiente de apelación. A niños que llevan toda su vida en centros de asistencia social apenas se les proporciona terapia o rehabilitación alguna. Los que sufren las discapacidades más graves pueden permanecer abandonados todo el día en sus camas, sin estímulos ni actividades organizadas. Las altas tasas de mortalidad de los hogares sociales para adultos ponen de manifiesto la falta de alimentos, calefacción o atención médica suficientes en ellos. Se recurre a la inmovilización y a la reclusión (encierro en celdas o habitaciones especiales) excesiva e inapropiadamente. La financiación estatal de los hogares sociales es del todo insuficiente. Emplazadas lejos de los núcleos de población, estas instituciones no son examinadas ni tenidas en cuenta por los funcionarios y profesionales de la salud encargados de proteger y atender a sus residentes. Los abusos contra las personas con discapacidad mental violan disposiciones vinculantes para Bulgaria en virtud de tratados internacionales de derechos humanos que exigen que se trate igual a todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Aun así, las violaciones de derechos humanos descritas en este informe constituyen discriminación sistemática contra las personas con discapacidad mental. Aunque no todo el mundo goce de buena salud y de la capacidad de disfrutar de la vida sin deficiencias sensoriales, mentales o físicas, la Declaración Universal de Derechos Humanos ampara por igual a todas las personas, al margen de cualquier discapacidad. A nadie debe negársele su dignidad y condición de ser humano. Los gobiernos deben proteger el derecho de todas las personas a la vida, a igual protección de la ley, a un nivel de vida suficiente y a recibir educación. Asimismo, deben proteger en todos los casos el derecho a no ser privado arbitrariamente de libertad y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Este informe resume el documento titulado Bulgaria: Far from the eyes of society (Índice AI: EUR 15/005/2002), en el que Amnistía Internacional detalla las conclusiones de su investigación en Bulgaria, así como sus recomendaciones sobre las reformas necesarias para que los hospitales psiquiátricos y los hogares sociales del país cumplan con las normas internacionales de derechos humanos. Las investigaciones en que está basado se realizaron en estrecha colaboración con el Comité Búlgaro de Helsinki, grupo de defensa de los derechos humanos que ha llevado a cabo un minucioso examen del sistema de atención de la salud mental de Bulgaria, y se apoyan en gran medida en su investigación de los hospitales psiquiátricos.(2) En octubre del 2001 y enero del 2002, representantes de Amnistía Internacional, del Comité Búlgaro de Helsinki y de la organización no gubernamental de defensa de los derechos de las personas con discapacidad mental Mental Disability Rights Internacional, estudiaron los procedimientos y disposiciones jurídicas empleados para internar a pacientes en hospitales psiquiátricos y hogares sociales para niños y adultos con discapacidad mental y las condiciones de vida y el tratamiento administrativo en estas instituciones. La delegación estaba formada por un psiquiatra, especializado en discapacidades de aprendizaje, abogados especializados en discapacidad mental, un psicólogo clínico, un médico forense y un especialista en administración y reforma de sistemas de atención psiquiátrica. Los delegados hablaron con pacientes de tres hospitales psiquiátricos estatales, los de Karlukovo, Patalenitsa y Kardzali, y se reunieron con los directores de otros hospitales psiquiátricos estatales en Sofía. También visitaron cinco hogares sociales para niños, los de Borislav, Dzhurkovo, Strazha, Mogilino y Vidrare, así como ocho hogares sociales para adultos, los de Sanadinovo, Radovets, Razdol, Pastra, Podgumer, Dragash Voyvoda, Samuil y Cherni Vrh. Posteriormente, Amnistía Internacional y el Comité Búlgaro de Helsinki han realizado más visitas a hogares sociales, a saber: a Dragash Voyvoda, en abril; a Oborishte, Gorni Chiflik, Fakia y Radovets, en junio; y a Kachulka, Tri Kladentsi, Radovets y Mogilino, en julio. Hospitales y hogares sociales visitados (mapa cortesía del Comité Búlgaro de Helsinki) Las autoridades búlgaras y el personal empleado de estas instituciones prestaron plena colaboración durante las visitas de las delegaciones y, en la mayoría de los casos, proporcionaron todo tipo de información sobre la vida de los residentes y el funcionamiento de cada centro. La delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con administradores y personal que dentro de las limitaciones impuestas por su formación y los recursos disponibles, se esforzaban por proporcionar la mejor atención posible a los residentes. Su determinación por mejorar la situación es digna de encomio y merece todo el apoyo posible.

El gobierno de Bulgaria ha manifestado su intención de reformar el sistema actual de atención psiquiátrica. En junio del 2001, adoptó un programa de salud con el que, en el plazo de cinco años, se pretende cerrar muchas instituciones psiquiátricas; aumentar la atención en los hospitales generales, la comunidad y el propio hogar de los pacientes; modernizar los tratamientos y servicios psiquiátricos, y aumentar el respeto a los derechos humanos de los pacientes. Sin embargo, el programa no incluye medidas para mejorar los hogares sociales para personas con discapacidad mental, que no dependen del Ministerio de Salud Pública, sino del Ministerio de Trabajo y Política Social. En respuesta a los llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos sobre los malos tratos y las duras condiciones soportados por las internas del hogar social para mujeres con discapacidad mental de Sanadinovo, el gobierno cerró el centro en junio de 2002.(3) Ese mismo mes, durante una reunión con un representante de Amnistía Internacional, la viceministra de Trabajo y Política Social, Christina Christova, afirmó que el gobierno tenía «la firme voluntad política de poner solución a la grave situación de los hogares sociales». Sin embargo, los motivos de la preocupación expresada a las autoridades en abril del 2002 en relación con el elevado número de fallecimientos ocurridos en el hogar social para hombres con discapacidad menta
l de Dragash Voyvoda, según informes a causa de pulmonía y desnutrición, no había recibido respuesta alguna del fiscal general de Bulgaria en septiembre de 2002.(4) El 8 de agosto de 2002, el Ministerio de Trabajo y Política Social anunció que esta institución se cerrará antes de que termine el año y que se trasladará a sus residentes a un centro más apropiado. Amnistía Internacional lleva años luchando por el fin del encarcelamiento y la reclusión de presos políticos y de otras clases en condiciones que constituyen tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Este informe se centra en las violaciones de derechos civiles y políticos cometidas contra personas con discapacidad mental, como consecuencia de condiciones de vida espantosas, falta de tratamiento médico y terapias de rehabilitación, uso inadecuado de métodos de inmovilización y reclusión y ausencia de respuesta a las denuncias de malos tratos.

Sin embargo, disfrutar de estos derechos depende claramente de alcanzar derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación y a participar en la vida cultural. No proporcionar el tratamiento médico adecuado a cualquier persona privada de libertad, por ejemplo, viola el derecho a disfrutar de salud mental y física en la medida posible, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el derecho a no ser sometido a tortura ni a trato o pena cruel, inhumano o degradante. Las conclusiones de Amnistía Internacional subrayan la necesidad de reformas integrales de los servicios de atención de la salud mental que debían haberse efectuado hace ya mucho tiempo y que han de aplicarse a los hogares sociales para personas con discapacidad mental y a los hospitales psiquiátricos. Al final del informe se incluyen una serie de recomendaciones que las autoridades búlgaras deben poner en práctica sin demora. La necesidad de mejorar las condiciones de vida de los hogares sociales para adultos, que ponen en peligro la vida de sus residentes, es acuciante. Sin rehabilitación y terapia inmediatas y continuas, la vida de los niños con discapacidad mental quedará perjudicada de forma irreparable. Una vez que Bulgaria tenga un programa integral de reforma de sus servicios de atención de la salud mental, la comunidad internacional tendrá que ofrecer su apoyo para ponerlo en práctica. Hospitales psiquiátricos Los hospitales psiquiátricos estatales de Bulgaria no cumplen las normas internacionales de derechos humanos sobre las condiciones y el tratamiento en las instituciones psiquiátricas. Son frecuentes los casos de internamiento en ellos para recibir tratamiento obligatorio tras procedimientos que excluyen todo derecho a una revisión judicial. Los pacientes se quejan de agresiones de agentes de policía y del personal no médico. Las condiciones de vida suelen ser malas y antihigiénicas. Apenas se ofrecen actividades terapéuticas ni oportunidades de rehabilitación y se sigue administrando terapia electroconvulsiva de forma inadecuada. Los bajos sueldos, las malas condiciones laborables y el emplazamiento recóndito de algunos hospitales dificultan la contratación de personal cualificado. De los pacientes que reciben el alta, muchos acaban regresando al hospital debido a la falta de apoyo y servicios en el seno de la comunidad.

En el año 2000, más de 34.000 personas ingresaron en instituciones psiquiátricas de Bulgaria. De ellas, más de 1.500 lo hicieron en hospitales psiquiátricos estatales para recibir tratamiento «obligatorio» o «no voluntario». Quienes son declarados no responsables penalmente reciben «tratamiento no voluntario» en virtud de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Este informe se centra en pacientes sometidos a «tratamiento obligatorio» en virtud del derecho civil. Sin embargo, existen casos de personas sin síntomas de enfermedad mental alguna y que necesitan un tratamiento activo a las que se las ha internado en hospitales psiquiátricos por motivos sociales, más que por razones médicas, mientras que otros pacientes que requerían con urgencia tratamiento por enfermedad mental grave se hallaban en hogares sociales. Tratamiento y condiciones de vida Los edificios de los hospitales psiquiátricos visitados por Amnistía Internacional necesitaban grandes obras de acondicionamiento. En general, no disponían de agua caliente todo el tiempo. Los dormitorios solían ser salas grandes, donde los pacientes estaban hacinados y con las paredes sin decoración. Pocos pacientes tenían una taquilla donde guardar objetos personales. Las «salas de estar» eran a menudo un simple espacio en un pasillo, amueblado con un televisor, una mesa y unas cuantas sillas o bancos. El hospital de Karlukovo no recibía fondos suficientes para alimentos, medicamentos ni gastos de mantenimiento general. A pesar de que la dirección calculaba que sólo recibía la mitad de los necesarios, en la última evaluación del Ministerio de Salud Pública para su homologación, realizada en 1998, no se había recomendado destinarle más medios. El hospital no podía funcionar sin el apoyo de organizaciones humanitarias. El hospital psiquiátrico de Patalenitsa, que se encuentra en una zona montañosa, carecía de calefacción adecuada en enero del 2002. No había dinero suficiente para un sistema de calefacción central completo, por lo que las habitaciones de los pacientes se calentaban con estufas eléctricas con las que apenas se alcanzaban temperaturas de 14 o 15°C. Una academia de policía había donado abrigos a los pacientes. Los pacientes de los hospitales psiquiátricos de Bulgaria tienen pocas oportunidades de recibir terapia recreativa y de rehabilitación. En un hospital, el gimnasio no se usaba desde hacía mucho tiempo y había dejado de administrarse terapia ocupacional. En otro, el único ejercicio que hacían los pacientes sometidos a tratamiento obligatorio, a los que en general no se dejaba salir en absoluto, eran unas tablas de gimnasia aeróbica en el pasillo de la sala. La televisión era su única distracción. Pacientes en una «sala cerrada» del hospital de Karlukovo, octubre del 2001.

Un televisor es la única distracción de los pacientes, que pasan todo el tiempo en la sala. © MDAC Una salvaguardia importante para proteger el bienestar de los pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico obligatorio es el consentimiento libre y bien fundado al tratamiento. Sin embargo, los procedimientos para solicitar y conseguir el consentimiento bien fundado de los pacientes para su tratamiento voluntario son inadecuados. Ha habido casos de familiares de pacientes que, sin ser sus tutores legales, han accedido a que se los someta a tratamiento, incluso a terapia electroconvulsiva, a pesar de que no habían sido declarados legalmente incapaces para dar su consentimiento. Terapia electroconvulsiva La terapia electroconvulsiva es un tipo de tratamiento para trastornos depresivos graves consistente en transmitir una corriente eléctrica controlada al cerebro. La terapia electroconvulsiva con paliativos obliga a aplicar anestesia general y un relajante muscular, bajo la supervisión de un anestesista. Tras una visita que realizó a Bulgaria en 1995, el CPT recomendó que sólo se administrara terapia electroconvulsiva con paliativos. A su inicio, su administración sin paliativos es inaceptable en el ejercicio de la psiquiatría moderna, puede producir fracturas de huesos y resulta degradante tanto para los pacientes como para el personal que la aplica. Sin embargo, ocho instituciones psiquiátricas de Bulgaria han seguido administrando terapia electroconvulsiva sin paliativos. En enero del 2002, en una reunión sobre atención psiquiátrica y derechos humanos, los representantes de la Asociación Psiquiátrica Búlgara y del Ministerio de Salud Pública no condenaron explícitamente su uso sin paliativos.

Malos
tratos y uso excesivo de la fuerza No existen procedimientos para ayudar a los pacientes a presentar denuncias si son víctimas de abusos. El fiscal local, obligado por ley a supervisar las condiciones de vida y el tratamiento de las personas internadas involuntariamente, nunca ha visitado algunos hospitales. Muchos pacientes informaron a Amnistía Internacional de haber sido tratados con dureza y, en ocasiones, con violencia por agentes de policía. El 15 de julio de 2001, unos agentes llevaron a un hombre de 22 años al hospital de Karlukovo, según informes por participar en una pelea. Al parecer, tras haberlo esposado, le dieron patadas por todo el cuerpo y lo golpearon en la cabeza. El hombre afirmó haber presentado una denuncia, pese a lo cual no se examinaron ni registraron sus lesiones debidamente. El director de un hospital informó de que, a veces, los agentes de policía traían a los pacientes con hematomas y lesiones que podían deberse a violencia física. No informaba de tales casos, ya que, probablemente, la explicación de un agente que asegurara que había necesitado hacer uso de la fuerza para controlar a un paciente violento sería más creíble que cualquier denuncia de un paciente por agresión injustificada. Diversos pacientes se quejaban de que los celadores hacían uso excesivo de la fuerza para inmovilizarles, conducta que parecía deberse a la escasez de personal y a la falta de formación para solucionar un comportamiento violento o que pudiera considerarse molesto.

Inmovilización y reclusión Los hospitales visitados por Amnistía Internacional carecían de protocolos sobre prácticas de inmovilización y reclusión, de las cuales no se guardaba registro especial. En el hospital de Kardzali, tres hombres encerrados con candado en una habitación, uno de ellos durante 10 días, sólo tenían un cubo a modo de retrete. Uno de ellos, Feris M., dijo que lo habían encerrado tras intentar fugarse. Aunque el enfermero a cargo de la sala aseguró que se llevaba un registro de estos casos, no parecía haber más que una lista de nombres escritos apresuradamente en una libreta. El director del hospital dijo que los médicos prescribían la reclusión a veces, pero que no se anotaba en el historial clínico del paciente ni se llevaba un registro especial. En una sección cerrada con llave de la sala para mujeres con discapacidad mental grave del hospital de Kardzali había un cuarto de reclusión con una cama de metal sujeta al suelo de cemento, cuyo colchón, roto y húmedo, estaba manchado de excrementos. Al pedir una demostración de cómo se inmovilizaba a un paciente en una cama, un miembro del personal dijo: « ¿Voy por los cinturones?». Un compañero suyo explicó que no usaban cinturones, pero actuó con torpeza cuando intentó sujetar con las sábanas a un visitante que se ofreció voluntario, lo que demostraba que el personal tenía poca experiencia en controlar a los pacientes así. Al parecer, la reclusión se usaba para castigar «fugas frustradas», incluso con pacientes voluntarios. En la sección para hombres con discapacidad mental grave del hospital de Kardzali, que estaba cerrada con llave y vigilada, había cuatro pacientes que, supuestamente, estaban recibiendo tratamiento voluntario en el momento de la visita de Amnistía Internacional. Uno de ellos, Suleiman O., no había firmado el formulario de ingreso voluntario, sino que, según informes, eran sus familiares quienes lo habían mandado al hospital tras haberse fugado de casa. No había registro de que la reclusión hubiese sido prescrita por médico alguno, como se afirmaba. El director del hospital afirmó que los cuatro hombres estaban recluidos para «garantizar que cuando salgan vuelvan a casa y estén a salvo», pero que eran libres de abandonar el hospital «en contra de la opinión médica». Internamiento obligatorio El internamiento para recibir tratamiento obligatorio en Bulgaria no cumple estos requisitos internacionales. Los procedimientos de internamiento también son discriminatorios en comparación con los de internamiento «involuntario» de acuerdo con el derecho penal, que obliga a contar con representación letrada y exige al fiscal que obtenga la opinión de un médico y que investigue si la persona supone algún riesgo para la sociedad. La Ley de Sanidad dispone que los pacientes que puedan suponer un peligro grave para si mismos o para otras personas recibir tratamiento obligatorio. El fiscal de distrito lleva a cabo investigaciones y ordena exámenes psiquiátricos, que por lo general se realizan en secciones cerradas de centros psiquiátricos. Estas evaluaciones han de completarse en 30 días, aunque en casos excepcionales pueden durar hasta tres meses. Al término de la evaluación, un tribunal de distrito debe decidir si se acepta o no la propuesta de someter al paciente a tratamiento obligatorio y examinar cada seis meses cualquier propuesta posterior de prolongar el tratamiento. El paciente tiene derecho a recibir asesoramiento legal, pero éste no es obligatorio.

En una sentencia de octubre del 2000, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que las autoridades búlgaras habían infringido el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.(5) El tribunal resolvió que era ilícito decidir la reclusión de alguien para someterlo a evaluación psiquiátrica si tal decisión no estaba basada en una opinión médica; que la Ley de Sanidad no autorizaba a los fiscales de forma explícita a ordenar reclusiones para llevar a cabo evaluaciones psiquiátricas ni preveía la impugnación judicial de dicha reclusión. Una reforma posterior de la Ley otorgó poderes a los fiscales para ordenar la reclusión de una persona para su evaluación psiquiátrica, sin exigir que solicitase previamente una opinión médica ni dar derecho a revisión judicial. Los tribunales no se ponen de acuerdo sobre qué es un «peligro grave». Esta disposición jurídica resulta tan vaga que deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias. En las evaluaciones psiquiátricas y las decisiones de los tribunales no siempre se especifica el comportamiento considerado peligroso y en ocasiones se califican de peligro actos como pinchar ruedas de vehículos o poner la música alta. Se da demasiada importancia a factores como hospitalizaciones previas del paciente o al deseo de sus familiares de recluirlo. Ha habido casos en los que el tribunal ha llamado a un abogado para representar al paciente en un procedimiento de reclusión sólo unos minutos antes de la vista y en algunos se ha mostrado de acuerdo con el fiscal y los peritos médicos sin cuestionar en modo alguno sus recomendaciones. El periodo de 30 días de internamiento permitido para realizar la evaluación psiquiátrica del paciente se sobrepasa en casi todos los casos, porque las vistas no se pueden fijar a tiempo. Las revisiones judiciales de las recomendaciones de dar el alta a los pacientes sometidos a tratamiento obligatorio también suelen retrasarse. Un paciente del hospital de Karlukovo informó a Amnistía Internacional de que lo habían tenido privado de libertad en una sala de seguridad durante cinco meses a la espera de una vista ante el tribunal, a pesar de que su estado de salud mental había mejorado y habían recomendado su alta. Hogares sociales para niños Hasta hace poco tiempo, las condiciones de vida de muchos hogares para niños eran tan malas que constituían trato cruel, inhumano o degradante. En febrero de 1997, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la muerte por hipotermia y desnutrición de seis niños y un joven de 18 años del hogar social de Dzhurkovo, donde había más de 80 niños que llevaban varias semanas sin suficientes alimentos ni calefacción.

El Comité Búlgaro de Helsinki consideró una amenaza para la vida las cond
iciones del hogar social de Fakia, región de Burgas, donde, según informes, en enero del 2000 dos niños murieron por negligencia médica. En agosto del 2000, en el hogar social de Medven, tres niños murieron de disentería. Estas instituciones no recibían fondos públicos suficientes para comprar los alimentos necesarios. Aunque se abrió una investigación sobre las muertes de Dzhurkovo, no se tiene conocimiento de que haya finalizado. Por otra parte, no hubo investigaciones penales sobre las muertes ocurridas en otros hogares sociales para niños, a pesar de que pudieron deberse a un delito de negligencia. Es verdad que ha habido mejoras de las condiciones materiales en hogares sociales como los de Dzhurkovo y Fakia, pero hay muchas deficiencias graves a las que no se ha dado solución. Los niños siguen internados en los hogares sociales como resultado de diagnósticos inadecuados y sin perspectivas de seguimiento ni reevaluación de su estado. La falta de formación educativa o terapéutica especializada dificulta su desarrollo y la posibilidad de que lleven una vida más útil y provechosa. Si no reciben un tratamiento activo y adecuado pronto, estos niños sufrirán consecuencias graves y permanentes y se verán condenados a pasar el resto de su vida en hogares sociales. Falta de terapia y rehabilitación La falta de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación tempranos y continuos a cargo de terapeutas, psicólogos y médicos está dañando gravemente el desarrollo de los niños y los priva de su derecho fundamental a la vida con dignidad y respeto, circunstancia que viola las normas internacionales de derechos humanos.

La mayoría de los niños internados en instituciones sociales son evaluados a los tres años de edad, y los que, según diagnóstico psiquiátrico, sufren «retraso moderado, grave o profundo» son trasladados a hogares sociales sin prescripción alguna de terapia educativa o médica ni para el desarrollo. Algunos llegan a los hogares por razones sociales, como haber sido abandonados o estar totalmente desatendidos. Los historiales médicos de los niños que viven en hogares sociales no incluyen indicio alguno del uso de métodos de diagnóstico como análisis bioquímicos o exámenes encefalográficos. A los 16 años, cuando optan a un subsidio por incapacidad, se los vuelve a evaluar. En algunos casos, según informes, se les diagnostica un grado de discapacidad superior al que sufren sin más fin que asegurar el subsidio más cuantioso posible. Cuando cumplen 18 años, se traslada a los que sufren discapacidades más graves a instituciones para adultos. Pocos son los niños que reciben visitas de sus padres, y sus contactos con la comunidad son escasos. En el hogar social de Strazha, el personal informó, no obstante, de que la actitud del pueblo estaba empezando a cambiar y se invitaba a algunos niños a casas de particulares en ocasiones especiales. Ninguno de los hogares sociales visitados por Amnistía Internacional ofrecía programas de rehabilitación a cargo de terapeutas, pedagogos o psicólogos para niños con trastornos de desarrollo. Por lo regular, las actividades especiales las organizaban «educadores» con formación en docencia general. Sólo en el hogar de Strazha había «educadores» con cierta formación en la obtención de discapacidades de aprendizaje. Los celadores se contratan por lo general en el mismo pueblo y no tienen formación para trabajar con niños o, más concretamente, con niños con discapacidades de desarrollo.

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Fuente: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR150082002?open&of=ESL-BGR

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